Si Martha Chávez –ese busto a la infamia– dice que no, entonces es sí. Si ella dice que no hay que darle la confianza al gabinete, pues hay que dársela. Y el patético Congreso de los Chehade y los Alarcón le ha concedido 107 votos de respaldo al mediocre equipo de la primera ministra.

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Una nueva empresa se acogió a la colaboración eficaz y entregó al Ministerio Público un paquete de documentos y correos electrónicos que comprometen aún más al expresidente Martín Vizcarra en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de cohecho (soborno), colusión y asociación ilícita para delinquir.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está bajo asedio. Descabezar esta entidad del Estado sería otro de los objetivos de este Congreso. Los ejecutores del plan han pretendido utilizar a esta publicación. El tiro les salió por la culata.    

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En la tierra del Misti no levantan cabeza. “La decepción que dejó la gestión de Yamila Osorio se convirtió en vergüenza e indignación con la llegada de Élmer Cáceres Llica”, dice el periodista Jorge Turpo. Osorio se enfrenta a un proceso por presuntos actos de corrupción vinculados al “Club de la Construcción”. Y Cáceres fue destituido por el Poder Judicial por el manejo negligente de la pandemia. Osorio asegura que es inocente. Y Cáceres ha apelado el fallo de primera instancia. “Vemos un panorama sombrío, penoso”, dice el abogado Arturo Salas, uno de los que promovió la destitución del gobernador.

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El fracaso de Alianza Lima se empezó a gestar en julio del 2019, cuando apareció en escena un grupo de empresarios que hizo una chancha y canceló la deuda de S/.23’883,340 que el club tenía con la SUNAT. Se bautizaron con el nombre Fondo Blanquiazul. Aquella movida financiera convirtió a los inversores en los principales acreedores de la institución y, a la larga, en sus enterradores. 

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Un expediente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pone en la mira al Grupo ATV. Documentos internos de este portafolio demuestran que el empresario mexicano Ángel González y su familia son finalmente los auténticos propietarios del conglomerado mediático peruano. El pasado 14 de noviembre el ciudadano Fernando Díaz Ríos, quien obtuvo los papeles y los compartió con este semanario, solicitó al MTC que deje sin efecto las autorizaciones de radiodifusión que tienen los canales del grupo. El argumento central de la denuncia es la aplicación del artículo 24 de la ley de radio y televisión que explícitamente dice “la participación de extranjeros en personas jurídicas titulares de un servicio de radiodifusión no puede exceder del cuarenta por ciento (40 %) del total de las participaciones, (...) ni directamente ni a través de una empresa unipersonal, puede ser titular de un servicio de radiodifusión”.

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“No se me olvida cómo sonreía”, dice Martha, de 24 años, sobre uno de los dos policías que, presuntamente, la violaron. Los ojos se le llenan de lágrimas y su voz no esconde ni la rabia ni el asco que experimenta. Martha denunció que la madrugada del 25 de noviembre dos suboficiales de la Policía que se ofrecieron a llevarla a su casa habrían terminado abusando sexualmente de ella en la habitación de un hostal. Martha –el nombre falso que usaremos para proteger su identidad– denunció los hechos ese mismo día, pero los policías Kenjy Guzmán Perceros (23) y Arlin Tamani Huancho (28) siguen en paradero desconocido.

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Sólo el abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, sabe a cuánto asciende la fortuna que dejó el exfutbolista. Aun así, la herencia es, evidentemente, superlativa. Forbes la calcula entre los 50 y 100 millones de dólares. La Unidad Investigativa de “El Tiempo”, de Colombia, la estima más cerca de los 75.

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Se hacen llamar “La Resistencia”, dicen que aspiran a constituir un partido y que quieren emular a “Vox”, la agrupación de ultraderecha española con una importante representación parlamentaria. Lo cierto es que, desde que apareció en el escenario local, “La Resistencia” se comporta como una pandilla fascistoide dispuesta a arrasar con todo aquello que les disgusta. Su última hazaña fue la destrucción de un mural callejero que reivindicaba a los muertos y heridos en las marchas contra el gobierno de facto de Merino.  

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“¡El Señor, hermana, libertó a un varón endemoniado de 56 años! Y eso hoy lleva a que estén aquí estos periodistas”, le dice Manuel Samamé Tejada, pastor evangélico, a una de sus fieles mientras nos señala. La mujer lo mira impresionada. En realidad, “el varón endemoniado” al que se refiere es Oswaldo Calderón Caballero, un paciente esquizofrénico y epiléptico al que sometió durante 10 días a uno de sus exorcismos y quien terminó golpeado, con quemaduras en las nalgas y atendido de emergencia en el Larco Herrera por un brote psicótico. La familia de Calderón ha denunciado al pastor Samamé.

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Juan Antonio Cabrales Cornejo se llevó por delante los sueños de Roxana Fernández Báez. Ella tenía 20 años y era una deportista de élite que se ganaba la vida dando clases de natación. Él conducía un micro sin brevete y tras el atropello mortal se dio a la fuga. Han pasado dos meses y Cabrales continúa en libertad porque el proceso judicial está empantanado.

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Se ha abierto una discusión sobre la necesidad de un cambio constitucional y quiero empezar por dos asuntos económicos a revisar en la Constitución. El artículo 63 establece que “la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Esto es algo que ninguno de los países industrializados o latinoamericanos tiene. La constitución de Chile, por ejemplo, no dice nada al respecto. La constitución de Brasil dice que “la ley regulará las inversiones de capital extranjero y las remesas de lucro, incentivando las reinversiones, con base en el interés nacional”, planteando una legislación especial y diferenciada para ellas, sin que deban ser tratadas igual que las nacionales.

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«Luego del debate técnico, realmente estábamos preocupados. Sabíamos que para PPK, la polémica, la confrontación y la réplica no son, precisamente, su fuerte. Tanto no le gustaba la confrontación, que se había entercado en que solo presentaría sus propuestas, que a él no le interesaba atacar a nadie. No escuchaba tampoco. Recuerdo que una semana antes del domingo 22 de mayo de 2016, fecha del debate, nos recibió un poco antes del mediodía a Maximiliano Aguiar, equipo de Fahrenheit y a mí, en el jardín de su casa. Le llevábamos un documento con las principales estrategias de comunicación que, pensábamos, debería de usar para preparar su ponencia en el debate. Una de ellas, bastante obvia, era practicar su discurso y tener varios ases bajo la manga para replicar los ataques que, sabíamos, Keiko Fujimori le proferiría. Le sugerimos tener algunas ideas para el contraataque. Estuvimos con Pedro Pablo como una hora. Nos recibió y escuchó las ideas, pero parecía que, para él, el debate era algo que podía manejar sin estrategia política y comunicacional. Peor todavía, conocíamos a PPK: se sentía capaz de estar en el debate sin prepararse.

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