Lo que necesitamos es una revolución.

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“Nos han traído 15 ventiladores mecánicos, pero sólo podemos utilizar seis porque no tenemos personal médico”, dice el doctor Julio César Albán, el único intensivista que el martes 30 de junio estaba de guardia en el Hospital Regional de Chimbote. A pesar de que los pacientes críticos han empezado a llegar con más intensidad en las últimas semanas, en este hospital sólo hay un intensivista de guardia por jornada. La carencia de personal explica, en parte, la alta tasa de letalidad (6,5%) que está ocasionando el coronavirus de Wuhán en esta región. Según cifras de la Dirección Regional de Salud, al cierre de esta edición el número oficial de infectados en Áncash asciende a 10,858 y el de fallecidos en los hospitales a 707.

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El negocio de las clínicas privadas es, en realidad, de poderosos grupos empresariales que operan como pulpos y acaparan uno de los pocos nichos de mercado al que nunca le faltan clientes. Estos holdings, además de los centros de salud, tienen aseguradoras, laboratorios, centros de diagnóstico y, en muchos casos, también farmacias. Se trata de un modelo conocido como “integración vertical”, que en muchos países está explícitamente prohibido. En Perú ni siquiera se debate la necesidad de ponerle coto, a pesar de las denuncias que acumulan las aseguradoras, las clínicas y las farmacias en el Indecopi. Según un informe de la consultora “Total Market Solutions”, en el 2018 diecisiete de las grandes clínicas instaladas en el país facturaron 1,825 millones de soles. El 2020 será, sin duda, su gran año.  

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se ha convertido en un apéndice que, de ser extirpado, nadie echaría de menos. Su inutilidad se resume en cifras: 722 inspectores laborales para fiscalizar 252,000 empresas. Un inspector por cada 5,661 trabajadores. Un tarifario de multas irrisorias y una larga lista de empresas con sanciones pendientes desde el 2015, entre ellas Backus y Banco de Crédito del Perú.      

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El pasado 16 de junio el Ministerio de Salud adquirió 5’989,410 tabletas de hidroxicloroquina al laboratorio “AC Farma”. La compra supuso un desembolso de 10 millones y medio de soles. Lo llamativo es que el propio Ministerio de Salud reconoce que “existe un bajo nivel de evidencia” en la efectividad del medicamento. Hay países que, simplemente, lo han prohibido porque no hay ensayos científicos que demuestren su efectividad y sí pruebas suficientes de los riesgos coronarios que su uso puede implicar en la salud de los pacientes.   

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El suboficial Luis Apaza Huillca (51) murió víctima del covid-19 la tarde del domingo 28 de junio, en Arequipa, mientras aguardaba la ambulancia aérea que lo debía traer a Lima. Aquí, en la capital, tenía una cama esperándolo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Maison de Santé. De las coordinaciones del traslado se encargó el general Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial de Arequipa, pero increíblemente en la institución nadie previó que en el aeropuerto Rodríguez Ballón hasta los controladores aéreos acatan la inmovilización del domingo. Y el traslado abortó sin siquiera despegar de la pista.

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Raúl Sánchez Bravo necesitaba con urgencia un colchón para su bebé porque ya no cabía en la cuna de recién nacido. Como las tiendas estaban cerradas debido a la cuarentena, Sánchez eligió la página web de Saga Falabella para adquirir el colchón. “Compré uno marca Paraíso que me costó 388 soles”, cuenta. Hizo la transacción virtual el 21 de mayo y la empresa se comprometió en entregarle el producto siete días después. Pero el colchón jamás llegó.

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Al tiempo que finalizaba la cuarentena en el Perú, 178,245 pacientes covid-19 habían sido dados de alta. Esto significa que están libres del mal, pero no que se hayan recuperado de los daños que el virus pudo ocasionarles. De hecho, muchos de ellos –todavía no hay cifras oficiales– han quedado con secuelas y los médicos aún no saben si serán reversibles. “Es una patología nueva y todavía no podemos saber el porcentaje de la afectación. Pero todos aquellos que han estado en una UCI salen al menos con una discapacidad transitoria. Lo que pasa es que, por falta de camas, cuando ya están mejorando, van a casa”, dice Jean Pierre Mendoza, especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Sistema Cardiorrespiratorio del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

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El pasado miércoles 10 de junio Pedro Izquierdo Ramos (24) le escribió a Jenny Farías Canales (38) por guasap para decirle que tenía secuestrada a su hija “Karla”, de 15 años. La adolescente llevaba dos días desaparecida y en la comisaría se habían negado a aceptar la denuncia.

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Luis Acevedo Paredes (37), alias “Pato”, fue capturado por la Policía por sus vínculos con una feroz organización criminal trujillana apodada “Imperio Romano”. Junto a sus compinches, “Pato” se dedicaba al robo, la extorsión y el secuestro. Las pruebas acumuladas por el Ministerio Público fueron suficientes para que, en junio del 2019, el Poder Judicial ordenara su ingreso al penal El Milagro, de Trujillo, a la espera de juicio. El 18 de junio de este año se celebró la audiencia donde se debía decidir si se prorrogaba o no su estancia en el penal. Y “Pato” aprovechó la oportunidad para presentarse ante el juez con un as bajo la manga. El médico del penal, Jorge Rebaza Neira (43), había emitido un parte médico que certificaba que tenía covid-19. 
El fiscal sospechó que el documento era fraudulento. Así que pidió  un receso en la audiencia y consultó directamente con el penal. Los funcionarios del INPE confirmaron que “Pato” se había sometido a una prueba rápida para covid-19 y que el resultado había salido negativo. Informado sobre el documento fraguado, el juez dispuso que continuara en prisión. Inmediatamente se ordenó una investigación al médico Jorge Rebaza, cuya firma aparecía en el reporte del falso positivo. 
Así se descubrió que no era la primera vez que el médico le echaba una mano a los presos del penal firmando certificados “liberadores”. El 8 de mayo había hecho lo mismo en otro informe. En aquella ocasión ayudó a salir del penal a Roger Vargas Rodríguez (60), sindicado como miembro de “La Mafia de los Títulos”, una banda trujillana que vendía títulos magisteriales bamba. En esta ocasión Rebaza señaló que el preso padecía “diabetes mellitus”. El Poder Judicial se comió el cuento.
El médico Rebaza, hoy separado del INPE, está bajo la mira de la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad, que se encuentra investigando 50 informes médicos que llevan su firma. 

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En 1918, el joven César Vallejo se disuelve en la niebla de Lima. Ha caído desde la luz poderosa de los Andes hasta un litoral de garúa y neblina como quien vuela del Sol a la otra cara de la Luna. En los nublados de todos los días, el poeta acaba de aprender que el cielo de Lima fue pintado por Juan Gris. César Abraham Vallejo Mendoza es un universitario provinciano a quien la capital ha recibido con una pobreza entregada a los detalles, y lo malo de la pobreza es que siempre da lo que le falta. Muchos años después, otro poeta ―Juan Gonzalo Rose― dijo de sí mismo una sentencia que pudo ser la biografía limense de Vallejo: “No estoy elegante, pero estoy triste”.

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Un balance a medio año de la pandemia, aun uno preliminar, muestra claramente que el continente más golpeado es América, en sus dos partes: los Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica. Algunos datos: el país con más casos de Covid-19 en el mundo es Estados Unidos, llegando a los 2 millones 750 mil casos, le sigue Brasil con un millón y medio. Todo el continente pasó los 5 millones de casos. Medido por millón de habitantes, en América hay en promedio 15 veces más casos que en el resto del mundo. Si nos fijamos en la mortalidad, Estados Unidos ya pasó los 130 mil muertos y el continente el cuarto de millón, y eso que en varios países como Perú, México y Brasil hay muchos fallecidos por Covid-19 que no han sido contabilizados oficialmente.

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“Debemos construir bases completamente nuevas para nuestros sistemas económicos y sociales…”

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